Bruselas advierte al Gobierno de que puede incumplir el esfuerzo estructural de reducción de déficit de 2019

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha enviado ya al Gobierno español la carta en la que le pide aclaraciones sobre el borrador presupuestario de 2019 y le advierte de que España corre el riesgo de incumplir el esfuerzo estructural de reducción de déficit que le exigen las normas fiscales europeas para el próximo año.

"El esfuerzo estructural planeado en 2019 asciende al 0,4% del PIB. Este esfuerzo está por debajo del 0,65% del PIB exigido en la recomendación del Consejo del 13 de junio de 2018. Sobre la base de la limitada información disponible, no podemos excluir un riesgo de cierto desvío con respecto al esfuerzo requerido", afirma el texto.

Bruselas espera continuar con el "diálogo constructivo" con las autoridades españolas durante los próximos días y espera una respuesta del Ejecutivo como muy tarde el próximo lunes, 22 de octubre.
Además, subraya que el borrador presupuestario prevé un crecimiento del gasto primario del 1,7%, una cifra que excede el nivel máximo recomendado del 0,6%, y duda de que España sea capaz de cumplir con la obligación de reducir su deuda pública.
De la misma forma, el Ejecutivo comunitario remarca que el plan presentado puede no ser el mismo que el que finalmente se apruebe al completar el trámite parlamentario, por lo que pide al Gobierno que remita "cuanto antes" un presupuesto actualizado.
"Si hubiera diferencias sustanciales entre el plan presupuestario y el presupuesto remitido al Parlamento, les invitamos a remitir cuanto antes un borrador actualizado a la Comisión Europea y al Eurogrupo, así como a informarnos de cualquier novedad fiscal o decisiones que pueden ser tomadas en las próximas semanas", apunta la carta.
Más allá de las cifras, la carta critica que el plan presupuestario "no da una imagen completa de las medidas planeadas", por lo que Bruselas reclama información adicional de todas ellas y en especial sobre su impacto presupuestario.
"Sería por tanto importante dar a la Comisión Europea toda la información necesaria sobre varias medidas, principalmente con respecto a su impacto presupuestario, con el objetivo de facilitar nuestra evaluación", recalca la carta.
El documento está firmado por el director general para Asuntos Económicos y Monetarios del Ejecutivo comunitario, Marco Buti, y ha sido enviado al secretario general del Tesoro y Política Financiera, Carlos San Basilio.

El déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó en 22.634 millones de euros

MADRID.- El déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó en 22.634 millones de euros hasta el mes de julio de este año, lo que equivale al 1,87% del PIB, un 16,3% menos que el año anterior, mientras que el déficit del Estado hasta agosto se redujo en tasa interanual un 11,9%, hasta los 18.895 millones de euros, equivalente al 1,56% del PIB, según los datos de ejecución presupuestaria publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda.

Respecto a las comunidades autónomas, ocho registraron superávit hasta julio: Canarias (1,23%), Baleares (0,54%), Asturias (0,45%), País Vasco (0,44%), Galicia (0,31%), La Rioja (0,18%), Comunidad de Madrid (0,03%) y Andalucía (0,02%), mientras que Cataluña también presentó equilibrio presupuestario.

Por el contrario, registraron déficit las demás regiones: Aragón (-0,09%), Cantabria (-0,07%), Castilla-La Mancha (-0,46%), Castilla y León (-0,24%), Extremadura (-0,46%), la Región de Murcia (-0,48%), Navarra (-0,8%) y Comunidad Valenciana (-0,02%).

La cifra de déficit público excluye el saldo neto de las ayudas a instituciones financieras, que a finales de julio es positivo por importe de 67 millones, como consecuencia de las menores indemnizaciones efectuadas tanto por el FROB como por BFA.

En el desglose de los datos del déficit público, la Administración Central disminuyó su déficit hasta los 18.336 millones en los siete primeros meses del año, el 1,61% del PIB, descontada la ayuda financiera.

Las comunidades autónomas registraron un superávit de 681 millones en julio, frente al déficit de 955 millones de julio de 2017, gracias a la liquidación definitiva de 2016 y al aumento del 6,2% de las entregas a cuenta recibidas. Asimismo, los fondos de la Seguridad Social presentaron un déficit del 0,31%, un 28,5% inferior al registrado en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Hacienda también publica los datos de ejecución de las corporaciones locales, que reflejan un superávit de 615 millones de euros en el segundo trimestre de este año. Con estos datos, el déficit público, excluida la ayuda financiera, fue de 22.083 millones en el segundo trimestre, equivalente al 1,82% del PIB.

En cuanto al déficit del Estado, en este caso hasta el mes de agosto, se redujo un 11,9%, hasta el 1,56% del PIB, debido a un incremento de los ingresos del 8,3% y a la disminución del 5,1% de los gastos.

Los ingresos suben un 7,8%

Hasta agosto, la recaudación total en términos de caja subió un 7,8%, hasta los 150.471 millones de euros, de los que 61.877 millones corresponden a las administraciones territoriales por su participación en los impuestos estatales y 88.594 millones son ingresos para el Estado que aumentan un 9,4% respecto a igual periodo de 2017.

Dentro de los ingresos, los referidos a impuestos directos y cotizaciones sociales alcanzaron una cifra de 69.553 millones, un 5,5% más que la obtenida en el mismo periodo del año anterior.

Así, la recaudación por el IRPF se situó en 34.569 millones, un 7,4% más que en igual periodo del año anterior, debido fundamentalmente al aumento del 8,1% del IRPF, hasta 57.301 millones, por las retenciones del trabajo, que con 51.775 millones, aumentaron un 6,6%.

Mientras, el impuesto sobre Sociedades aumentó un 0,6%, hasta 8.498 millones, por el repunte de los ingresos de las declaraciones anuales en un 8,4%.

Por su parte, los ingresos totales por impuestos indirectos ascendieron entre enero y agosto a 64.651 millones, un 8,8% más que en el mismo periodo del año pasado.

La recaudación neta del IVA en términos homogéneos; es decir, corregida del impacto del SII y del distinto ritmo de realización de las devoluciones en ambos años, se incrementó un 4,3%, hasta situarse en un importe de 50.721 millones.

En cambio, la recaudación por impuestos especiales se mantuvo en 13.440 millones, pese al descenso del impuesto sobre Labores del Tabaco (-2%), alcohol (-2,5%) y carbón (-18,1%), que se vieron compensados por los mayores ingresos en cerveza (+0,5%), hidrocarburos (+1,9%) y electricidad (+2%).

Los gastos aumentan un 3%

Por el lado de los gastos, los pagos no financieros efectuados por el Estado hasta finales de agosto se situaron en 100.528 millones, un 3% más que en el mismo período de 2017.

Por su parte, bajaron un 3,4% los gastos financieros, hasta 21.296 millones, y las transferencias de capital, con un retroceso del 19,8%, hasta 3.254 millones, así como los gastos financieros, con un 3,4% menos, hasta 21.296 millones.

Dentro de las inversiones reales, aumentó un 89,5% la inversión del Ministerio de Defensa y un 9,2% la de inversión civil, dentro de la cual subió un 4,7% la del Ministerio de Fomento y bajó un 7,6% la de Agricultura.

La Comisión de Justicia admite la enmienda para sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit

MADRID.- La Mesa de la Comisión de Justicia del Congreso ha admitido hoy a trámite la enmienda presentada por el PSOE a la Ley del Poder Judicial que busca sortear el veto del Senado a los objetivos de déficit, decisión que PP y Ciudadanos ya han anunciado que recurrirán ante la Mesa de la Cámara Baja.

Así lo ha confirmado la portavoz del PP, Dolors Montserrat, que ha criticado que el PSOE se haya "aliado" con los independentistas catalanes para permitir que esa enmienda, que el PP considera un "fraude de ley", siga adelante.

Montserrat ha avanzado que el PP presentará un recurso ante la Mesa del Congreso que preside Ana Pastor, para que rechace la admisión a trámite de esa enmienda de los socialistas.

"Estamos en el inicio de Venezuela en el Parlamento español", ha denunciado Montserrat, que ha calificado de "inédito e impresentable" el procedimiento utilizado por el PSOE para "eludir los tramites parlamentarios garantistas".

Recurso ante la Mesa que también presentará Ciudadanos ante lo que considera un "fraude y un disparate" parlamentario.

El portavoz de Justicia de Ciudadanos, Nacho Prendes, cree que la enmienda del PSOE es un "atropello" que "hurta" la tarea de los diputados y "pisotea" las normas de la Cámara porque pretende reformar una ley a través de otra norma que no guarda ninguna relación.

El déficit del Estado baja 18.000 millones en julio por más recaudación

MADRID.- La buena marcha de la recaudación tributaria contribuyó a bajar el déficit del Estado al cierre de julio hasta los 18.080 millones de euros, lo que supone una reducción de 2.742 millones respecto al mismo período del pasado año, el 13,2 %.

El progresivo descenso del déficit se observa también en el resto de subsectores, lo que permitió al conjunto de las Administraciones -salvo las corporaciones locales, cuyos datos aún no se conocen- terminar el primer semestre del año con un desfase de 22.698 millones de euros, un 15,8 % menos.

Según los datos de ejecución presupuestaria publicados este miércoles por el Ministerio de Hacienda, el déficit público del semestre equivale al 1,87 % del producto interior bruto (PIB), una cifra que se sitúa por debajo tanto de la estimación del Gobierno para el conjunto del año (2,7 % del PIB) como de la meta oficial (2,2 % del PIB).

En la primera mitad del año, la Administración central acumuló un déficit equivalente al 0,82 % del PIB, frente al 1,07 % del año anterior, cuando su objetivo oficial para el ejercicio es del 0,7 %.

La Seguridad Social, cuyo objetivo es el 1,1 % del PIB, cerró junio con un déficit del 0,46 %, mejor que un año antes (0,51 %).

También mejoraron las comunidades autónomas -pasan del 0,73 % al 0,59 % del PIB-, por encima de su objetivo anual (0,4 %), en un período en el que sólo una comunidad, el País Vasco, logró anotarse superávit.

Los datos más actualizados, que abarcan hasta julio, se refieren únicamente a la ejecución presupuestaria del Estado, que tras su reducción en los siete primeros meses del año equivalía al 1,49 % del PIB, cuando un año antes era del 1,79 %.

Esta buena marcha viene impulsada, como en meses anteriores, por el aumento de los ingresos impositivos, del 8,3 %, hasta los 93.680 millones. El total de ingresos del Estado en este período fue de 109.444 millones, un 9 % más.

Todos los grandes impuestos registraron avances: los ingresos por el impuesto sobre el valor añadido (IVA) alcanzaron los 44.552 millones, un 7,8 % más; los del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), 22.347 millones, un 11,9 % más -debido tanto a las retenciones como al resultado de la campaña de la renta-, y los del impuesto de sociedades, 9.946 millones, un 10,3 % más.

Los mayores dividendos del Banco de España y Enaire impulsaron las rentas de la propiedad hasta los 3.735 millones, un 18,3 % más, mientras que los intereses cobrados por el Estado bajaron un 0,5 %.

Por su parte, los gastos crecieron un 5,2 %, hasta los 127.524 millones, principalmente por el efecto de las transferencias corrientes a las distintas Administraciones.

En este período también aumentó la inversión (un 80,3 %), la aportación a la Unión Europea (UE) por recursos de IVA y a la Renta Nacional Bruta (RNB), un 12,7 %, y los consumos intermedios (un 2,3 %).

En cuanto a la remuneración de los asalariados, se incrementó en un 0,2 % en los siete primeros meses del año pero bajó un 1,5 % en julio, ya que los empleados públicos cobraron en ese mes del pasado año tanto el aumento salarial como los atrasos pendientes y en este ejercicio sólo la subida.

El IPC sube un 0,1% en agosto y se mantiene en el 2,2%

 

El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 0,1% en agosto en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual en el 2,2%, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), coincidentes con los avanzados a finales del mes pasado.
Estadística señala que en la estabilidad de la tasa interanual del IPC de agosto ha influido principalmente la menor subida de los precios de los carburantes, de los servicios de alojamiento y de los paquetes turísticos respecto al mismo mes de 2017 y la bajada del precio de los automóviles.
En sentido contrario, subieron los precios de la electricidad y las frutas recortaron sus precios menos de lo que lo hicieron en agosto del año pasado.
La tasa interanual de agosto es la vigésimo cuarta tasa positiva que encadena el IPC interanual e implica que los precios son hoy un 2,2% superiores a los de hace un año.
Tras haber registrado en enero una tasa interanual del 0,6%, la más baja en 16 meses, el IPC interanual volvió en febrero a superar el 1%, tendencia que se mantuvo en marzo y abril. En mayo ya se alcanzó la barrera del 2%, a la que no se llegaba desde abril de 2017.
La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, bajó una décima en agosto, hasta el 0,8%, con lo que se sitúa casi 1,5 puntos por debajo del IPC general.
En el octavo mes del año, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa anual en el 2,2%, una décima por debajo de la registrada en julio.

Bajan los precios de los automóviles

Según el INE, entre los grupos que tuvieron una mayor influencia negativa en la tasa interanual se encuentran el transporte, que redujo siete décimas su tasa anual, hasta el 5,2%, por la menor subida de los precios de los carburantes respecto a agosto de 2017 y el abaratamiento de los automóviles; el ocio y la cultura, que recortó su tasa anual cinco décimas, hasta el -1,1%, debido a que los precios de los paquetes turísticos subieron menos que el año pasado; y hoteles, cafés y restaurantes, que presentaron una tasa anual del 1,8%, dos décimas menos que en julio, ya que los servicios de alojamiento elevaron sus precios menos de lo que lo hicieron un año antes.
Por contra, los grupos que tuvieron una mayor repercusión positiva en la tasa anual de agosto fueron la vivienda y los alimentos: la primera incrementó siete décimas su tasa interanual, hasta el 4,3%, por el encarecimiento de la electricidad, mientras que los alimentos elevaron dos décimas su tasa, hasta el 2%.
En términos mensuales, el IPC aumentó un 0,1% en relación a julio, debido principalmente al incremento de los precios de la vivienda en un 0,6% por el encarecimiento de la electricidad; a la subida del ocio y la cultura en un 0,7% por los paquetes turísticos; al aumento en un 0,2% en el grupo de hoteles, cafés y restaurantes por el encarecimiento de la mayoría de sus componentes, y al repunte en un 0,2% del transporte por el mayor coste de las gasolinas.

Las frutas frescas disparan un 17% su precio en el último año

Por rúbricas, las que más elevaron sus precios en tasa mensual fueron la carne de ovino (+1,8%); calefacción, alumbrado y distribución de agua (+1,3%), y otros preparados alimenticios (+0,7%).
Por el contrario, los mayores descensos mensuales se registraron en legumbres y hortalizas frescas (-2,1%), calzado de niño (-1,6%) y ropa de mujer (-1,4%).
En tasa interanual, las rúbricas que experimentan los mayores descensos de precios son los aceites y grasas (-5,9%), el transporte público interurbano (-2,7%) y el azúcar (-2,6%).
En el lado opuesto, los mayores ascensos de precios en el último año los experimentan las frutas frescas (+17,3%), las patatas y sus preparados (+10,9%), y calefacción, alumbrado y distribución de agua (+7,6%).

El IPC mensual solo baja en Navarra

En tasa mensual, los precios subieron en agosto en todas las comunidades autónomas salvo en Navarra, donde bajaron un 0,3%, y en Madrid, donde se mantuvieron sin cambios.
Los mayores repuntes mensuales correspondieron a Asturias, Cantabria y Comunidad Valenciana (+0,3%), y a Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia y Murcia (+0,2%). Por su parte, Aragón, Baleares, Castilla y León y Castilla-La Mancha, Extremadura, País Vasco y La Rioja elevaron sus precios un 0,1% en relación al mes de julio.
En términos interanuales, el conjunto de las 17 comunidades presentó tasas positivas en agosto. La tasa más elevada correspondió a Castilla-La Mancha (+2,5%) y las más bajas, a Canarias y Baleares (+1,9%).

Calviño avanza una subida fiscal muchísimo mayor si no se aprueba el déficit

MADRID.- La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha avanzado que el "aumento impositivo" que prepara el Gobierno para el próximo año será "muchísimo más importante" si finalmente no se aprueban los nuevos objetivos de estabilidad, más flexibles que los actuales.

La financiación de las cuentas públicas no puede basarse en la deuda, ha advertido la ministra durante su intervención en el Fórum Europa, al tiempo que ha defendido las previsiones de crecimiento del Gobierno pese a la desaceleración, aunque ha planteado que no sería "un drama" revisarlas.

El Gobierno prevé establecer nuevos impuestos, como uno a las transacciones financieras -que se basará en el modelo francés, según ha avanzado la ministra-, junto con un tipo mínimo efectivo para el impuesto de sociedades o un nuevo tramo del IRPF para rentas altas que no afectará a "las clases medias y trabajadoras", ha insistido.

La ministra ha eludido cuantificar el importe de este aumento impositivo, aunque ha precisado que de no aprobarse la propuesta del Gobierno de elevar el objetivo de déficit público para el próximo año al 1,8 % del PIB, cuando el actual es del 1,3 %, este será "muchísimo más importante".

Calviño ha descartado la puesta en marcha de una política "expansiva en su conjunto" porque España necesita reducir el déficit público y, en su opinión, aplicar bajadas de impuestos sería contrario a la disciplina fiscal.

"No hay lugar para políticas fiscales irresponsables", ha subrayado, al tiempo que ha apostado por "encontrar el equilibrio" entre la consolidación presupuestaria y el nivel adecuado de gasto público.

En ese sentido, ha afeado que la rebaja del IPRF de 2015 supuso una reducción de ingresos de 12.000 millones de euros en dos años, lo que equivale al doble de la inversión en investigación y desarrollo. "Esta pérdida de ingresos no es coherente con una política de reducir el déficit", ha argumentado.

Respecto al conjunto de la economía, Calviño ha reconocido que, aunque el crecimiento actual es "robusto", sí se observa una ligera desaceleración, pero ha recordado que ya estaba prevista, por lo que en su opinión no se deben "lanzar mensajes alarmistas sobre un cambio de tendencia".

Calviño ha indicado que los indicadores económicos que se van conociendo confirman la previsión de crecimiento del Gobierno para este año, aunque ha reconocido que hay que "seguir muy de cerca" estos datos y si en un momento dado hubiera que bajarla tampoco sería un "drama".

Entre los factores que afectan a esta desaceleración ha citado el fin de los vientos de cola, entre ellos el crecimiento económico mundial o la política monetaria expansiva.

También se ha referido a desequilibrios como la "cronificación" del paro en determinados segmentos de la población, ya que una tasa del 15 % es "inaceptable", el "desorbitado" crecimiento de la deuda pública, el alto déficit público estructural o los altos niveles de desigualdad y pobreza.

"La coyuntura es favorable para abordar estos temas ya", ha subrayado durante una intervención en la que también ha tenido ocasión de referirse a los temores que han surgido de que Arabia Saudí cancele un contrato para la construcción de cinco corbetas en la planta de Navantia de San Fernando (Cádiz) que se espera que cree unos 6.000 puestos de trabajo.

Al respecto, ha confirmado que la prioridad del Gobierno va a ser en todo momento proteger esos empleos y que los pasos que se vayan dando en las próximas semanas serán en ese sentido.

Sobre la participación pública en Bankia, ha descartado que el Gobierno vaya a salir a corto plazo del capital, porque "con unos precios de mercado tan bajos, no es momento de plantearse vender", ya que el objetivo es "maximizar la recuperación de las ayudas públicas".

Igualmente ha instado a los legisladores a impulsar cuanto antes la transposición de la normativa comunitaria sobre el crédito hipotecario, entre otros motivos porque podría conllevar una multa de 100.000 euros al día.

El agujero financiero de autonomías y Estado se triplicó en la última década

MADRID.- El agujero financiero del Estado y de las autonomías se agrandó en otros 10.000 millones de euros el año pasado, y sigue yendo a más. La diferencia entre el capital disponible y las deudas acumuladas arroja unos números rojos de más de 920.000 millones de euros, según los datos certificados por el Banco de España. Dicho de otra forma: si las administraciones central y autonómica tuvieran que saldar sus préstamos con el dinero del que disponen, entre las dos les faltaría casi un billón de euros, razona hoy Abc.

Durante los años de la crisis, ese agujero financiero aumentó al galope. Superada la crisis, sigue creciendo; a menor ritmo, pero sigue engordando. La recuperación económica y los mayores rendimientos tributarios que genera la actividad productiva no han conseguido -al menos todavía- que el Estado y las autonomías entren en la senda del saneamiento financiero. Ni siquiera del equilibrio. Así que, prácticamente mes a mes, ven adelgazar sus reservas de dinero -activos- y ven crecer sus deudas, los pasivos.

Según los últimos datos certificados por el Banco de España, las autonomías son las que más empeoraron sus cuentas durante el último ejercicio. En 2017, las administraciones autonómicas agrandaron su agujero financiero un 1,32%, mientras que la Administración central lo empeoró un 1%. Nada que ver con lo que vienen haciendo los ayuntamientos y las corporaciones locales en general -lo que incluye a las diputaciones-.
Como informó Abc, las entidades locales se han anotado un ahorro neto de más de 32.000 millones de euros en los últimos seis años, lo que les ha permitido recortar sustancialmente su endeudamiento y, al mismo tiempo, aumentar sus activos.

En el caso de las arcas estatal y autonómicas el ahorro neto sigue siendo un imposible, pese a que la economía lleva al alza desde 2014 y eso tiene un doble efecto positivo para las haciendas públicas: hay más ingresos por impuestos y se reduce el gasto ligado a prestaciones, subsidios e incentivos anticrisis.
El problema de raíz sigue siendo el mismo que se arrastra desde hace años, que ya afloró en los años del «boom», que se disparó durante la crisis y que, aunque en tasas más moderadas, se sigue produciendo en la actual etapa de crecimiento económico: las administraciones central y autonómicas gastan por encima de sus posibilidades. 

Sus costes estructurales sobrepasan con mucho los recursos disponibles, y eso genera un déficit recurrente . Eso les hace cargarse cada vez con más deuda pública. Y, en suma, genera -también de forma recurrente- un desahorro: las deudas crecen más que sus reservas de capital, de dinero -ya lo tengan en efectivo, en depósitos o en inversiones financieras-.

Las arcas estatales

Al acabar 2017, el capital en manos de la Administración central (activos financieros) alcanzó los 448.272 millones de euros, casi 30.000 millones más que un año antes. El dato hubiera sido excepcionalmente bueno, si no fuera porque, al mismo tiempo, sus deudas (pasivos financieros) crecieron en 36.000 millones de euros. Resultado final: el ahorro quedó dilapidado por la escalada del endeudamiento. 

Pese a la recuperación económica y a los mayores ingresos tributarios que genera la actividad productiva, las arcas de la Administración central se deterioraron otra vez en 2017 y sumaron un descuadre financiero -diferencia entre activos y pasivos- de otros 6.483 millones de euros.
Desde el año 2010, el agujero financiero del la Administración central se ha duplicado. El 31 de diciembre de aquel año ese agujero era de 326.201 millones de euros; el 31 de diciembre de 2017 fue de 651.559 millones. Y, al menos durante el primer trimestre del presente ejercicio -último dato disponible-, la situación, en vez de mejorar, ha seguido empeorando. Las arcas estatales -y las de la Seguridad Social- sintieron con crudeza los efectos de la crisis. Actuaron de primera línea del frente. 

Entre otras cosas, se vieron forzadas a movilizar grandes cantidades de dinero para acudir al rescate de las autonomías y de las entidades locales que se habían colocado ante el precipicio de la quiebra por los excesos del gasto público durante los años del «boom». Y todo ello mientras se hundía la recaudación y se disparaban los gastos por prestaciones derivadas del paro galopante que dejó la crisis.

El «roto» autonómico

Tras aquel delicado escenario al que tuvieron que hacer frente las arcas del Estado, su agujero financiero se ha ido conteniendo en los últimos años. La diferencia entre activos y pasivos sigue dando números rojos, pero de mucha menor envergadura que en los años de la crisis.
La evolución de las cuentas de la Administración del Estado está siendo considerablemente mejor que las de las autonomías. De hecho, el agregado autonómico sigue siendo el punto más débil de las finanzas públicas españolas. 

Baste un dato: desde 2014, desde que la economía entró en remontada, el agujero financiero de la Administración del Estado empeoró un 6,67%; sin embargo, el de las autonomías se agravó un 12,5%, lo que supone casi el doble.
En siete años, los gobiernos autonómicos han agrandado su agujero financiero un 116%: el 31 de diciembre de 2010, tenían un capital 126.201 millones de euros menor que las deudas que acumulaban; al acabar 2017, ese «roto» era de 272.500 millones de euros. 

Y no se vislumbra cuándo dejará de empeorar este indicador: el agujero financiero siguió creciendo en el primer trimestre de este 2018, según los últimos datos certificados por el Banco de España.
Con el paso de los años, las autonomías se cargaron con unos gastos estructurales excesivos en comparación con los ingresos, incluso en los años de bonanza. Por eso el endeudamiento autonómico creció también a gran velocidad en los años del «boom», cuando la recaudación nutría generosamente las arcas de las administraciones públicas españolas. 

Al calor de los años de bonanza, el gasto estructural de las autonomías creció todavía con más fuerza, y cuando la crisis cayó a plomo el desequilibrio quedó al desnudo, aunque no en todas por igual -todas incurrieron en el mismo nivel de excesos-.
Ahora, cada vez entra más dinero en las arcas de las autonomías, pero de nada sirve para sanear sus cuentas, porque el endeudamiento crece a un ritmo mucho mayor que el de los ingresos. Es la consecuencia directa de seguir gastando muy por encima de las posibilidades reales. Durante 2017, el capital de las autonomías aumentó en 5.000 millones de euros en números redondos, una cifra excepcionalmente elevada. 

Sin embargo, al mismo tiempo se cargaron con casi 9.000 millones más en préstamos, consecuencia directa de ese déficit endémico en el que sigue instalado el sector público autonómico en su conjunto.
Desde que la economía española volvió a la senda del crecimiento, el agregado autonómico ha acumulado un agujero financiero de otros 30.350 millones. El «roto» fue de 17.583 millones de euros en 2015; de 9.219 millones en 2016, y de 3.548 millones este último año 2017.

El déficit público se sitúa en el 3,3% hasta agosto

MADRID.- El déficit público, excluyendo las corporaciones locales, se situó en 36.836 millones de euros hasta agosto, el equivalente al 3,3% del PIB, frente al 3,36% registrado en el mismo periodo del año anterior, al tiempo que el déficit del Estado hasta septiembre ascendió a 28.531 millones de euros, el 2,56% del PIB, según ha informado ese martes el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones.

La cifra del déficit del conjunto de las administraciones excluye el saldo neto de las ayudas a instituciones financieras, que a finales de agosto presenta un importe negativo de 2.063 millones.

Por su parte, el Estado registró un déficit público de 28.531 millones de euros en los tres primeros trimestres del año, lo que equivale al 2,56% del PIB, frente al 2,78% del PIB en agosto, por las medidas de contención de gastos introducidas por el Gobierno.

En la evolución del déficit del Estado debe tenerse en cuenta la liquidación del sistema de financiación de 2014 efectuada en julio, que aumenta en 7.611 millones respecto a la liquidación realizada el año pasado. Excluyendo el efecto de la liquidación en ambos años, el déficit del Estado caería un 12,5% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior.
Asimismo, las CCAA disminuyen su déficit en más de un 90% respecto al mes de agosto de 2015, hasta el 0,07% del PIB, debido principalmente a la liquidación del sistema de financiación correspondiente a 2014, año que mejoraron los ingresos por el inicio de la recuperación económica. Esto permite un balance de la liquidación a favor de las comunidades por importe de 7.666 millones.

Moscovici avisa a España de que un déficit superior al 3,1% en 2017 no es cumplir

LUXEMBURGO.- El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha advertido este lunes al ministro de Economía, Luis De Guindos, de que registrar un déficit público "muy cerca" pero superior al 3,1% pactado con Bruselas para 2017 no significa exactamente cumplir con el compromiso adquirido para el próximo año.

"Se supone que el 3,1% es la cifra. Muy cerca es un poco diferente", ha expresado el comisario francés en rueda de prensa tras la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo).

El titular en funciones no había querido detallar a su llegada al encuentro cuál será el desvío que recogerá para el próximo año el borrador presupuestario que apruebe este viernes el Consejo de ministros, pero ha apuntado que será muy cercano al 3,1% establecido en la nueva senda fiscal aprobada para España.

Moscovici ha asegurado entender la situación política en España y ha reiterado que esperan que el Ejecutivo en funciones remita a Bruselas un borrador sin grandes cambios con respecto al de este año. No obstante, ha subrayado que la Comisión Europea espera un nuevo borrador "que contenga todas las medidas necesarias" para cumplir con el déficit "tan pronto como haya un nuevo Gobierno con nuevos poderes".

Por su parte, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha pedido a la autoridades españolas que "verifiquen" adecuadamente sus cifras de déficit antes de incluirlas en sus borradores presupuestarios.

"En los últimos par de años ha habido debates entre España y la Comisión sobre la calidad cifras y siempre ha tenido razón la Comisión. Sería bueno que el Gobierno español verificase sus cifras entes de ponerlas en el presupuesto", ha defendido el socialdemócrata holandés en la misma comparecencia de prensa.

"Todos los gobiernos tienen que mandar sus presupuestos antes del día 15, ya estén en funciones o no, y por supuesto que un gobierno en funciones no puede incluir todo tipo de medidas, eso lo entendemos", dijo a su llegada al encuentro de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona que se celebra hoy en Luxemburgo.

"Pero aunque el Gobierno español mande un presupuesto sin cambios políticos, la Comisión Europea tendrá de todos modos que dar su veredicto, así que será también un mensaje muy claro para el nuevo Gobierno, porque tiene que restaurar también la confianza de la CE en el presupuesto español", añadió. "Veremos cuál es el resultado. Pero desafortunadamente, el nuevo Gobierno español tendrá que hacer un nuevo trabajo sobre el presupuesto", avisó.

Sobre el proceso en marcha para determinar si España será castigada con la congelación de fondos estructurales y de inversión a partir de enero por haber incumplido sus compromisos de reducción del déficit -por lo que ya ha logrado eludir una multa-, Dijsselbloem dijo que le corresponde a la CE tomar la decisión final.

A la espera de que concluya el diálogo estructural entre la Comisión y el Parlamento Europeo a este respecto, paso previo a que Bruselas pueda tomar su decisión, el político holandés expresó su deseo de que "todos los socios, incluidos los nuestros, protejan la credibilidad del Pacto" de Estabilidad y Crecimiento.

"Hay reglas que no podemos ignorar", dijo, en alusión a este pacto que establece las normas de disciplina fiscal europeas, como la exigencia de que los países mantengan su déficit público por debajo de 3% del PIB. Dijsselbloem dijo no ser "un gran aficionado a las sanciones" y que no cree que sean efectivas, pero en cualquier caso se mostró partidario de aplicarlas "como último recurso".

España cerró 2015 con un 5,1% del PIB registrado en 2015, frente al 4,2% que tenía que haber logrado. El país tiene ahora que ajustarse a una nueva senda de consolidación y pasar del 5,1% del PIB que acumuló al término del pasado ejercicio al 4,6% este año, al 3,1% el próximo y al 2,2% en 2018.

'Alemania debe actuar para evitar multas a España y Portugal', dice el presidente portugués

LISBOA.- El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, consideró hoy que Alemania debe usar su influencia para evitar que la Comisión Europea (CE) aplique sanciones a España y a Portugal por el déficit público de 2015.

"Pienso que Alemania, que tiene mucha influencia, en el momento debido debe jugar con toda esa influencia para no aplicar sanciones, ni a Portugal ni a España", dijo en declaraciones a periodistas durante una visita a la feria Arco, en Lisboa.

El jefe del Estado luso, que realizará una visita oficial a Berlín este fin de semana, comentó que uno de los temas a abordar serán las posibles sanciones a Portugal, algo que considera una "injusticia".

"Creo que hay un tema fundamental para tratar en Berlín y es el de las sanciones. Pienso que es una injusticia aplicar sanciones a Portugal por el año 2015 y voy a explicar eso", señaló.

Según Rebelo de Sousa, la CE no debe multar a Portugal porque el país "hizo todo lo que debía haber hecho" y porque sería una señal de "falta de comprensión y de solidaridad con los sacrificios del pueblo portugués".

Además apuntó que las divergencias entre Lisboa y Bruselas "son de contabilización" y que aplicar una multa "no supondría un estímulo para 2016 y para el esfuerzo que todavía es necesario hacer en el plano presupuestario".

La Comisión Europea decidió aplazar para julio su decisión sobre una eventual multa a España y Portugal por no cumplir con las metas de déficit público exigidas por sus socios europeos.

España cerró 2015 con un déficit del 5,1 % del PIB -incluidos los 0,1 puntos que suman la ayuda financiera a la banca- frente al 4,2 % exigido por Bruselas, mientras que Portugal finalizó el ejercicio con un déficit del 4,4 % -con el impacto fiscal por el rescate del Banif- cuando tenía que haber terminado por debajo del 3 %.

El Ecofín pide una opinión jurídica por la decisión de la CE de dar un año extra a España

BRUSELAS.- El consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE ha pedido opinión jurídica, después de que el BCE y algunos titulares criticaran la recomendación de la CE de que España y Portugal se beneficien de un año más para bajar el déficit y la forma "política" en que aplazó la decisión sobre una multa.

Michel Reijns, portavoz del responsable holandés de Finanzas, Jeroen Dijsselbloem, quien preside el consejo de ministros del ramo este semestre, dijo que el Servicio Jurídico del Consejo de la Unión Europea (UE) "está actualmente estudiando este asunto".

La Comisión Europea (CE) ha aconsejado un año adicional a España y Portugal en sus recomendaciones específicas por país, pero al mismo tiempo las fechas límites establecidas bajo el procedimiento por déficit excesivo son todavía válidas porque no ha propuesto aún dar un nuevo paso en este proceso, es decir una eventual multa.

"Volveremos a esta discusión en el Consejo de junio", agregó el portavoz.

El ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, indicó el miércoles que él y otros titulares dijeron que, si la CE entiende su papel más políticamente, "no deberían tomarse este tipo de decisiones por la Comisión porque debilita la credibilidad" de las reglas de disciplina fiscal.

Explicó que esto también ha sido criticado por el Banco Central Europeo (BCE) y señaló que se ha apuntado que esa propuesta de la CE a los dos países para darles un año más para situar el déficit por debajo del 3 % del PIB, en 2016 y 2017, respectivamente, "no se ajusta al derecho europeo".

En opinión de Schäuble, la CE debería decidir antes en el procedimiento por déficit excesivo, es decir sobre la multa, que emitir las recomendaciones por país y aconsejar un año adicional.

No obstante, recalcó que la CE "puede hacerlo porque no hay un momento específico en el que tienen que tomar esta decisión".

Opinó que "despertar la impresión de que no se quiere tomar una decisión -probablemente por una decisión electoral- no contribuye a reforzar la credibilidad" de las reglas.

Schäuble afirmó hoy de nuevo ante periodistas que su Gobierno no está "contento" con la decisión, aunque subrayó que se trata de una medida adoptada por la Comisión dentro de sus competencias y que el Ejecutivo alemán la respeta.

Existen "algunas preocupaciones sobre la credibilidad, sobre cómo aplicamos el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) para mantener a todos los países miembros en la senda (de consolidación) acordada", admitió el miércoles Dijsselbloem.

El vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, reconoció también que "hay mucho debate" al respecto, pero recalcó que la decisión fue tomada teniendo en cuenta "consideraciones que van más allá de las inmediatas del procedimiento por déficit excesivo".

A juicio de la CE, no era ni el momento político ni económico adecuado para tomar la decisión el 18 de mayo.

España celebra nuevas elecciones generales el 26 de junio próximo.

Dombrovskis reiteró que "hay una opinión clara del Servicio Jurídico de la CE de que está dentro de su mandato tomar estas decisiones en julio".

La portavoz comunitaria de Asuntos Económicos y Financieros, Annika Breidthardt, subrayó hoy que la decisión de la CE "es jurídicamente sólida" y aseguró que el Ejecutivo comunitario aplica el PEC con "discreción política y legal que las reglas prevén", que incluye asegurar que las "especifidades de cada situación se tengan en cuenta, al tiempo que se garantiza un trato igualitario".

De esta manera, ante la petición de una opinión jurídica "realmente no estamos preocupados".

Alemania se opone a retrasar la posible multa a España por su déficit público desatado

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, ha reiterado que está "convencido" de que en julio no "habrá ningún tipo de sanción para España" por parte de la Comisión Europea (CE) con motivo del desvío de déficit público en 2015.

En rueda de prensa, De Guindos ha dicho que la decisión de la CE de retrasar la decisión de una posible multa a España "es perfectamente legal y lo puede hacer", en referencia a las declaraciones del ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, que hoy ha asegurado que su gobierno no está "contento" con posponer esta decisión.

"No es un retraso, yo estoy convencido de que ya hubiera sido ahora o en julio no habrá ningún tipo de sanción para España", ha afirmado tras destacar que si se mantiene el crecimiento económico en el entorno del 3 % España estará fuera del brazo correctivo de la CE en 2017 por primera vez desde el inicio de la crisis.

El ministro ha reiterado que la senda marcada por la CE no es el compromiso de un Gobierno sino que es el "compromiso de España" y ha subrayado que si se mantiene el crecimiento del PIB, "se puede sin medidas adicionales, ni sobre impuestos ni sobre gasto público" conseguir alcanzar la meta de déficit por debajo del 3 % en próximo año.

Además, ha señalado que la CE no ha pedido medidas adicionales al gobierno porque "sabe que está en funciones" y ha señalado que el esfuerzo estructural que pide Bruselas para este año y el que viene, y que supone un 0,25 % en 2016 y un 0,50 % del PIB en 2017 es tan sólo un "cálculo que da el entorno de 8.000 millones".

"Bruselas no habla de medidas habla de esfuerzo estructural, y los 8.000 millones son un cálculo de esfuerzo estructural", ha enfatizado. De Guindos ha insistido en la medida de no disponibilidad de 2.000 millones de euros que ha dicho que equivale al 0,25 % de esfuerzo estructural que pide la CE para este año.

El ministro de Economía en funciones también ha asegurado que en la carta enviada por el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, al presidente de la CE lo que hace es dar explicaciones sobre el esfuerzo que ha hecho España para reducir el déficit y hacer crecer su economía y ha afirmado que "lo que hace es comprometernos con la reglas de la zona Euro".

"No es más que eso", ha dicho.

Bruselas, sobre el déficit español: "No hay margen para relajarse"

PARÍS.- El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, insistió hoy en que en España "salga el Gobierno que salga, no hay margen para relajarse", al ser preguntado sobre la decisión de la Comisión Europea de retrasar a julio el procedimiento por déficit excesivo.

"Queremos que el objetivo de los esfuerzos se mantenga", subrayó en conferencia de prensa en París Moscovici, quien hizo hincapié en que se había dado un año suplementario, pero no más, para poner el déficit español por debajo de la barrera del 3 % del Producto Interior Bruto (PIB).

En lo que no quiso entrar es en avanzar cuál será la posición negociadora de la Comisión Europea con el nuevo Ejecutivo español tras las elecciones del 26 de junio.

Explicó que el aplazamiento a julio de lo que se haga con el procedimiento por déficit excesivo sobre España y Portugal se tomó "por unanimidad" en la Comisión Europea aunque "no fue una decisión fácil".
Según Moscovici, en caso de haber procedido a una sanción "el impacto económico y político hubiera sido desastroso".
"El Pacto (de Estabilidad y Crecimiento) no está hecho para ser estúpido", sino que "es una herramienta para potenciar el crecimiento" y para julio "guardamos todas las opciones", argumentó.
"Es verdad que el esfuerzo no ha estado a la altura de los compromisos", indicó Moscovici en relación al incumplimiento de los objetivos de déficit en 2015 en España y Portugal.
Pero añadió que lanzar un procedimiento sancionador contra España "en plena campaña no habría tenido sentido" y que "la Comisión Europea ha sido prudente en aplazar esas decisiones a julio".
Además, dijo que en los próximos meses hay que abrir una reflexión sobre las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, "no para debilitarlas, eso está descartado, sino para simplificarlas, para hacerlas más legibles y para darles más sentido económico" puesto que su objetivo no es "romper la recuperación".
"No estoy en favor de una revolución del pacto -puntualizó-, sino en favor de hacerlo más simple, más legible, menos rígido" para que la idea de la consolidación presupuestaria avance.