El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha una campaña para la
liberación, primero y hasta que se celebre el juicio del golpe de
Estado, de los presos golpistas catalanes que están en prisión
preventiva. Campaña que iniciaron los ministros Josep Borrell y
Meritxell Batet a la que se acaba de sumar la vicepresidenta Carmen
Calvo.
Al mismo tiempo el Ejecutivo y el PSOE ha abierto otra brecha a favor
del soberanismo catalán al amparar el ministro de Fomento y secretario
de Organización del PSOE José Luís Ábalos el posible indulto a los
golpistas catalanes que sean condenados, como ha pedido la delegada del
Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, una destacada dirigente del PSC
proclive al referéndum de autodeterminación en Cataluña.
Estas dos sorprendentes iniciativas del Gobierno descalifican la
decisión de jueces y fiscales españoles sobre la prisión preventiva (por
la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga) de los procesados del
golpe catalán, al tiempo que da alas a la campaña soberanista de los
lazos amarillos y a las recientes decisiones de tribunales de Alemania y
Bélgica contra la Justicia española.
Estamos en suma ante un vuelco en el Gobierno de España en relación
con la actitud del Ejecutivo frente al soberanismo catalán que lideran
Junqueras y Puigdemont y gestiona Torra, el visitante de La Moncloa que
desprecia y niega cualquier respeto y reconocimiento al Jefe del Estado,
el Rey Felipe VI.
El objetivo inicial de este vuelco de la posición del Gobierno y del
PSOE (a su vez impulsado por el PSC) es conseguir que PDeCAT y ERC
apoyen, en compañía de Podemos y PNV, los Presupuestos de 2019 de Pedro
Sánchez para que el Presidente agote la legislatura y celebre las
elecciones en 2020.
Y, visto lo ocurrido, estamos a la espera de algún movimiento de la
Fiscal General del Estado María José Segarra a favor de la liberación de
los presos golpistas preventivos si Puigdemont y Junqueras exigen a
Sánchez hechos y no solo declaraciones como las que estamos escuchando
con asombro y la mayor preocupación.
Preocupación que imaginamos que será asumida también por dirigentes
del PSOE como Díaz en Andalucía o Lambán en Aragon, García Page en
Castilla La Mancha, Fernández Vara en Extremadura, Caballero en Galicia,
así como destacados dirigentes de la ‘vieja guardia’ como González,
Rubalcaba, Bono y Rodríguez Ybarra entre otros.
Como telón de fondo de estas temerarias iniciativas del Gobierno (y
del PSOE) contra la Justicia española y el constitucionalismo los
autores del vuelco aseguran que todo esto favorece el diálogo político,
rebaja la tensión en Cataluña y abre un camino para la normalización de
la vida política catalana, lo que es una versión edulcorada y falsa de
lo ocurrido porque en realidad estamos sola y exclusivamente ante el
precio que paga Sánchez al soberanismo por su apoyo a los Presupuestos
de 2019 para que Sánchez permanezca en el poder hasta 2020.
Precio en el que se incluyen los votos favorables de PDeCAT y ERC a
favor de la moción de censura de Sánchez contra Mariano Rajoy. Un Rajoy
que, si hubiera dimitido durante el debate de la moción de censura,
habría dado la oportunidad a unas elecciones anticipadas y en todo caso
había impedido este alarmante vuelco en el escenario catalán.
(*) Periodista
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