VALENCIA.- La titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia ha enviado a prisión sin fianza al ex presidente valenciano Eduardo Zaplana tras acusarle de cobrar una comisión de 6,4 millones de euros a través de Luxemburgo procedente del grupo empresarial de la familia Cotino.
Esta decisión contrasta con la de dejar en libertad con la prohibición
de abandonar el país a los hermanos José y Vicente Cotino, a los que
acusa de sobornar al ex mandatario 'popular'.
El auto, al que ha tenido acceso en exclusiva El Mundo, vincula al ex alto cargo del PP con un desvío de fondos
realizado hace 12 años, concretamente a través de la sociedad Imison
International, S.A.
La juez establece la relación de Zaplana con esta
operación basándose en la documentación intervenida en el interior de un
maletín del ex alto cargo 'popular'.
Sin embargo, el asesor fiscal
personal del ex presidente valenciano declaró este jueves ante la juez y
negó tajantemente que su cliente tuviera relación alguna con dicha entidad.
La instructora Isabel Rodríguez desestimó este testimonio así como la petición de la defensa de Zaplana, representada por el letrado Santiago Milans,
para que quedase en libertad aludiendo a la leucemia que padece y
acordó su encarcelamiento tras solicitarlo la Fiscalía, cuya actuación
contó con la supervisión personal del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón.
El ex presidente valenciano ingresó el jueves en el centro penitenciario de Picassent en el marco de la denominada 'Operación Erial' tras negarse a prestar declaración.
Está acusado de los delitos de cohecho
continuado, prevaricación continuada, malversación de caudales públicos,
fraude en la contratación, tráfico de influencias, falsedad documental,
blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, grupo
criminal y delito fiscal.
La juez estima que puede tener fondos ocultos en Andorra, Uruguay y Paraguay.
Todos estos cargos le fueron comunicados a su defensa con posterioridad
a que trascendiera públicamente la decisión judicial de su ingreso en
prisión.
La magistrada relaciona las operaciones que atribuye a Zaplana con las adjudicaciones de "ITV y Parques Eólicos de la Comunidad valenciana" al grupo Sedesa.
Unos contratos en los que, señala la juez, "se obtuvieron sobornos en
perjuicio de otras empresas concurrentes, generando con ello importantes
beneficios".
Añade que el pago de las comisiones "se efectuó en el
extranjero para retornar el dinero a España, encubriéndose el verdadero origen del mismo, que ha sido utilizado para la adquisición de bienes".
Según la instructora, "existen indicios de la
relación" de Zaplana "con el cobro de una serie de comisiones
aparentemente desembolsadas por parte de sociedades del grupo
empresarial Sedesa en atención a las adjudicaciones del servicio de ITV y
del Plan Eólico de la Comunidad valenciana, ambas licitadas en el periodo temporal en el que fue presidente de la Generalitat valenciana".
Añade la magistrada que "existen indicios de
su relación en términos de posesión con determinada documentación que
trata aspectos de las licitaciones y adjudicaciones, así como una serie
de operaciones societarias vinculadas a las anteriores".
En ellas
"aparecen reflejadas diferentes personas físicas y jurídicas
relacionadas a los hechos pasados y futuros descritos en ellos y
apareciendo descrita con cierto grado de detalle la operativa seguida en
relación a Imison International, aparentemente instrumentalizada para el pago de la comisión".
Estos fondos, señala la juez, "fueron retornados a España durante los años 2005 y 2006".
Asimismo apunta el auto que "con respecto a
los fondos retornados se ha evidenciado a lo largo de la investigación
cómo, de forma contemporánea a la salida de fondos de Luxemburgo, se
habrían estado produciendo una serie de movimientos solitarios
(constitución de empresas, cambios de titularidad, etc.)".
"Un análisis
conjunto parece indicar que tuvieran el propósito finalista de
posibilitar el retorno de estos fondos y la puesta a disposición o bajo
el control de los destinatarios finales", subraya.
En esta operativa de retorno la juez implica a las sociedades Medlevante, Turnis Silvatica y Gesdesarrollos Integrales,
entre otras. "Siendo de especial interés", prosigue el auto judicial,
"el hecho de que todas las personas intervinientes en este proceso de
creación y posterior administración que alcanza hasta la actualidad se
encontrarían personalmente vinculadas con Eduardo Zaplana".
La juez tomó declaración al asesor fiscal de
Zaplana, que negó rotundamente que todo el conglomerado societario por
el que fue preguntado tenga vinculación alguna con el también ex
ministro 'popular'. "Yo llevo todos sus asuntos y todas esas sociedades no son suyas", aseguró.
También señala la juez que "existen indicios a
través de diversas diligencias de investigación implementadas" de que
Zaplana "es partícipe en la administración a través de terceros de
algunas de las mercantiles intervinientes y como posible titular real de
algunos de los bienes titulados por estas".
"En este sentido se han
recabado evidencias que lo señalan como beneficiario de una parte de los fondos y bienes
titulados por las precitadas mercantiles, adquiriendo bienes como
vehículos o inmuebles a través de terceros que velaban su participación
en dichas operaciones".
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