Los funcionarios piden una subida fija del 7% para pactar

MADRID.- Los sindicatos de funcionarios irán a la reunión del próximo lunes con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con una propuesta salarial que obligará al Ejecutivo a mejorar sensiblemente su oferta para el periodo 2018-2020 si quiere cerrar con acuerdo la mesa de negociación abierta para determinar la subida de sueldo de los empleados públicos paralo que resta de legislatura, según avanza www.lainformacion.com

Según han confirmado a lainformacion.com fuentes de la negociación, la propuesta del ala sindical exigirá al Gobierno una subida salarial garantizada más ambiciosa que la planteada hasta ahora por Hacienda; un tramo variable también más ancho, pero, sobre todo, más accesible, con unos requisitos menos exigentes para su abono; y la garantía expresa de que el salario de los funcionarios no perderá poder adquisitivo durante el periodo ocurra lo que ocurra con la inflación.

La posición negociadora de los sindicatos partirá de la reivindicación de una subida salarial fija acumulada del 7% entre 2018 y 2020, frente al 5,25% ofrecido por el Ejecutivo; y un variable de tres puntos (lo que ofrece el Gobierno son 2,7), que en el mejor de los casos permitiría que la mejora salarial de los funcionarios a lo largo del periodo llegara al 10%, frente al tope máximo del 7,95% que contempla la propuesta de Hacienda. 

Además, lo que quieren los sindicatos es que Hacienda se compromete a establecer unos requisitos de reducción del déficit y comportamiento del PIB "más normales que, como mínimo, hagan posible, ya no probable, que los funcionarios terminen cobrando esa parte variable", señalan fuentes sindicales.
La aplicación de este marco salarial permitiría a los funcionarios recuperar buena parte del poder adquisitivo perdido desde 2010, que las centrales estiman en 13 puntos porcentuales (20 puntos si se toma 2008 como referencia).

Aunque según las fuentes consultadas la propuesta ya está formulada por escrito, a nivel oficial los sindicatos de implantación nacional representados en la mesa de negociación (CSIF, UGT y CCOO) prefieren no pronunciarse a nivel oficial sobre la misma. 

El discurso oficial compartido es que la mesa aún no ha comenzado a tratar el tema salarial, que es por tanto una negociación pendiente de abrir y que no tendría sentido sacar al debate público ninguna cifra o planteamiento concreto que pudiera contaminar el proceso de diálogo. 

Fuera de los focos, portavoces sindicales admiten que la negociación con Hacienda está resultando realmente tensa y que cualquier debate público puede perjudicar el ya de por sí cargado ambiente de la negociación.

Hasta el momento, el único avance relevante en la plano salarial ha sido el compromiso de Cristóbal Montoro de que habrá subida salarial para los funcionarios en 2018 con independencia de haya o no Presupuestos Generales del Estado. 

"Los sindicatos saben que el Gobierno quiere un acuerdo con los funcionarios sí o sí y también creen que después de casi una década de ajustes tienen derecho a exigir a Montoro un sobreesfuerzo para cumplir con ellos, y por eso están dispuestos a aumentar todavía más la presión", admite una fuente del Gobierno. 

Los salarios, último punto a tratar

Los salarios han sido desplazados casi de forma natural a la última fase de la negociación entre Hacienda y los sindicatos de funcionarios al objeto de no bloquear la mesa de diálogo a las primeras de cambio. 

Hasta ahora, en la mesa de negociación se ha hablado de las 35 horas, que Montoro se ha mostrado dispuesto a implantar con algunas restricciones; y también de la consolidación de interinos, punto en el que los sindicatos se han apuntado un tanto al arrancar del Gobierno el compromiso de reducir al 8% la temporalidad en todos los ámbitos de la Administración.

Hasta el próximo 1 de marzo que sindicatos y Hacienda se han puesto como fecha límite para la negociación, aún tendrán que tratar otros asuntos más allá de los salarios, como el debate respecto a la posibilidad de penalizar o no los salarios de los empleados públicos durante las bajas de éstos. 

Los sindicatos quieren acabar con la disposición aprobada en 2012 que permite al pagador - en este caso, la Administración de turno - detraer el 50% del salarios de sus empleados durante los tres primeros días de baja y el 25% desde ese día hasta el vigésimo cuando esa baja se prolongue por más tiempo.