Este martes, después de meses de negociaciones infructuosas, el obispo oscense decretaba el nombramiento de un rector para el santuario mariano, gestionado desde siempre por el Opus Dei. Por primera vez no era el prelado de la Obra, Fernando Ocáriz, quien hacía esta designación.
La decisión de Pérez Pueyo llegaba después de un fallido encuentro, producido hace dos semanas, entre el obispo y Ocáriz, y en el que, según fuentes conocedoras del proceso, el titular de la diócesis comprobó que la prelatura no iba a ceder ni un ápice en el control del santuario, que genera unos ingresos anuales superiores, con mucho, al millón de euros.
Pérez Pueyo nombró a José Mairal Vilellas nuevo rector (tomará posesión, si no hay cambios, a partir del 1 de septiembre) y, en una decisión insólita, el Opus Dei contestaba al obispo, negando su legitimidad para dicho nombramiento y reservándose el derecho a acudir a los tribunales para frenar esta decisión.
Pero ¿dónde está el problema? ¿Qué hay detrás de la guerra entre el Opus Dei y el Obispado?
Desde hacía meses, tanto la prelatura como el Obispado habían iniciado conversaciones para modificar los estatutos del santuario. La negociación, compleja, avanzaba con acuerdos y desacuerdos hasta que la diócesis descubrió que se estaban llevando a cabo algunas maniobras extrañas en el entorno de Torreciudad. “El obispo se sintió engañado y no le gustó nada”, sostiene a elDiario.es una fuente implicada directamente en la polémica.
El engaño
La diócesis se encontró con que la aportación simbólica que hacía el Opus Dei por este santuario –acordada a perpetuidad en un convenio suscrito en 1962– no se correspondía, ni de cerca, con los ingresos obtenidos únicamente por la presencia de peregrinos (190.000 en 2022, según datos de la Memoria, que habla de 1,2 millones de euros de recaudación).
A ello se sumaron informaciones sobre que la fundación que gestionaba el recinto había adquirido terrenos colindantes con la intención de construir un macrocomplejo que pondría al santuario al nivel de los grandes santuarios europeos. Algo que desconocía la diócesis.
A partir de ese momento, las negociaciones cobraron otro cariz y la diócesis llegó a pedir un canon por peregrino –las fuentes lo sitúan entre 5 y 25 euros, lo que daría una cifra entre el medio millón y los cinco millones de euros al año– además de solicitar al Opus Dei una terna para designar al nuevo rector del santuario que actuara “en equipo” con un grupo de sacerdotes de la diócesis.
La Obra se negó en redondo a lo primero, y fue dilatando la respuesta a la segunda petición, hasta que hace unos días, y “al no recibir esa terna, tras varios requerimientos”, tal y como apunta la diócesis, el obispo consultó a Roma y, con el aval del Vaticano, procedió al nombramiento, contestado con dureza por el Opus Dei.
El encuentro fallido entre Pueyo y Ocáriz no sirvió para solucionar un conflicto que podría agravarse si la Obra, como sugiere en su nota, acude a los tribunales para defender la ilegitimidad del nombramiento de nuevo rector y la propiedad del recinto.
Trifulca entre canonistas
Lo cierto es que, con la ley (canónica) en la mano, la razón asistiría al obispo, en virtud del canon 557, que afirma que “el Obispo diocesano nombra libremente al rector de una iglesia, sin perjuicio del derecho de elección o de presentación, cuando éste competa legítimamente a alguien; en este caso, corresponde al Obispo diocesano confirmar o instituir al rector”.
En el párrafo siguiente, añade que “aunque la iglesia pertenezca a un instituto religioso clerical de derecho pontificio, corresponde al Obispo diocesano conferir la institución al rector presentado por el Superior”, algo que podría aplicarse al Opus Dei.
La Obra, en cambio, acude a los cánones que se refieren a la prelatura personal, como el 297, que insiste en que serán los estatutos los que “determinarán las relaciones de la prelatura personal con los Ordinarios locales de aquellas Iglesias particulares en las cuales la prelatura ejerce o desea ejercer sus obras pastorales o misionales”.
Lo que obvia –o solo tiene en cuenta para el primer permiso, obtenido en los años 60– que debe hacerse “previo consentimiento del Obispo diocesano”.
En todo caso, más allá de la trifulca entre canonistas, lo cierto es que la polémica en torno a Torreciudad hunde sus raíces en una difícil relación entre el obispo de Barbastro y el Opus Dei, que siempre se ha considerado propietario no solo de los edificios sino de toda la actividad pastoral, turística y económica del recinto, demostrando su viabilidad económica (sólo el año pasado, como apunta su Memoria de 2022, ingresó 1.230.957 euros).
Una fundación misteriosa
Otra de las cuestiones sin resolver está en la propiedad del recinto, que según la nota del Opus Dei pertenece a la fundación canónica Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad, una institución de la que no hay registros actualizados y que, según algunas fuentes, está extinta. Y de la antigua ermita con su imagen, que fueron cedidas en 1962 por el obispo a la Obra, en un contrato a perpetuidad que, en opinión de la diócesis, no se está cumpliendo en todos sus extremos. ¿Quién tiene, entonces, la potestad para decidir sobre el santuario?
Según la propia web de Torreciudad, la gestión corre a cargo del Patronato de Torreciudad, “una asociación civil sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública mediante Orden del Ministerio del Interior de 19 de junio de 2002 (BOE 2 de octubre de 2002), que incluye entre sus fines el sostenimiento del santuario de Torreciudad y la promoción de peregrinaciones.
Además, tiene por objeto la realización de actividades que persigan fines de interés general, culturales, formativas, asistenciales, de promoción del voluntariado social, de defensa del medio ambiente y otros de naturaleza análoga, en el entorno del santuario de Torreciudad”.
En su Memoria anual (presentada, curiosamente, el pasado 13 de julio), se lee: “El gobierno del Patronato está encomendado a una Junta Directiva que determina y ejerce el seguimiento de las directrices generales de actuación. Asume su representación institucional y vela por el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Estratégico”. Su presidenta es María Victoria Zorzano. ¿Es el Patronato de Torreciudad el sucesor de la Fundación Canónica? No hay respuesta de momento para esta pregunta.
Una denuncia internacional acusa por primera vez
al Opus Dei ante el Vaticano
El Opus Dei “está cohesionado por una doctrina que se transmite de manera ‘mesiánica’ y es liderado por una figura carismática que se considera poseedora de la Verdad Absoluta”. Esta es una de las ‘perlas’ de la denuncia internacional que un nutrido grupo de exmiembros de la Obra han presentado ante la Nunciatura en España (y, posteriormente, enviada a los dicasterios del Clero y Doctrina de la Fe, y a más de 600 obispos de todo el mundo), y en la que reclaman “la supresión del Opus Dei” y su “refundación”.
La denuncia, adelantada por Religión Digital y a la que ha tenido acceso elDiario.es, contiene también una tarjeta de memoria con más de 700 documentos adjuntos, entre los que se incluyen “46 libros y documentos” que, señala el cuerpo del escrito, “conocían parte de los miembros del Opus Dei y que fueron ocultados a la Santa Sede” y que suponen, afirman, “las verdaderas normas por las que se rigió y se rige el Opus Dei”.
Algo verdaderamente relevante en este momento en el que la Santa Sede tiene que definir los nuevos estatutos de la Obra después de que el Papa interviniera a la Prelatura y esta convocase un congreso extraordinario, cuyos resultados tampoco se conocen.
La demanda se plantea como una ‘Denuncia internacional contra el Opus Dei por Fraude Normativo a la Santa Sede y a los propios Miembros’. En ella se sostiene que los estatutos de la Obra son una especie de “fraude institucional” ante la Santa Sede, “una simple referencia jurídica”. Asegura la demanda que el estatuto depositado en el Vaticano no es el que realmente rige el funcionamiento de la Obra, y que la mayoría de sus miembros ni siquiera lo conocen:
“Ante los miembros del Opus Dei, directamente fueron inexistentes de facto mientras se pudo. Los Estatutos no fueron traducidos, ni informados jamás a los miembros del Opus Dei”.
Antonio Moya Somolinos y Carmen del Rosario Pérez San Román fueron los encargados de presentar la denuncia ante la sede del Papa en España. Tuvieron que hacerlo en la calle, pues no se les recibió. Pero quedó registro de la entrega. También, del envío de la denuncia y sus anexos de manera telemática (con verificación certificada de contenido) a los dicasterios del Clero y de Doctrina de la Fe.
“Los denunciantes queremos llevar a cabo la mayor transparencia posible y evitar protagonismos personales. En consecuencia, no haremos, en principio, declaraciones o manifestaciones relativas a la denuncia”, señalan en una comunicación a la que ha tenido acceso elDiario.es.
Un decálogo de malas prácticas
La denuncia recoge una suerte de decálogo de malas prácticas en el Opus Dei, entre las que destacan, además del liderazgo “mesiánico” de sus responsables, la estructura de la Obra, que definen como “teocrática, vertical y totalitaria”, en la que “se exige una adhesión total al grupo, lo que implica distanciamiento de relaciones sociales, lazos afectivos y actividades previas”.
“Los miembros viven en una comunidad cerrada o en una dependencia psicológica total del grupo”, recalca el escrito, que añade que en el interior del Opus “se suprimen las libertades individuales y la intimidad de los adeptos”, “se controla la información que llega a los miembros del grupo”, “se emplea un conjunto de técnicas de manipulación y persuasión coercitiva, como la meditación o el renacimiento espiritual” y “se fomenta un rechazo más o menos fuerte hacia el resto de la sociedad, considerándolos enemigos o al menos sospechosos”.
“Las actividades principales del grupo son el proselitismo y la recaudación de dinero”, añade la demanda, que precisa cómo, “bajo coacción o presión psicológica, se obtiene de los adeptos la entrega de su patrimonio personal y de considerables sumas de dinero”.
En conclusión, los denunciantes exigen, por un lado, “la intervención de la Santa Sede” para “proteger a los católicos que han sido miembros, que son miembros y que podrían serlo en el futuro, con la supresión del Opus Dei en el modo en que se desarrolla actualmente”.
En segundo lugar, reclaman a Roma la “refundación de la institución por parte de la jerarquía de la Iglesia con nuevas normas y nuevos gobernantes”. Finalmente, “solicitamos penas canónicas para los principales responsables de las actuaciones ilícitas recogidas en esta denuncia”.
