MADRID.- El Gobierno en funciones se ha comprometido con Bruselas a prorrogar
el Impuesto de Patrimonio, medida con un impacto de 1.300 millones de
euros a partir de 2017, y a la posibilidad de aplicar coeficientes
incrementados del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para contribuir
al cumplimiento del objetivo de déficit del 3,1% comprometido para 2017.
Así figura en el plan presupuestario para 2017 que el Ejecutivo en
funciones ha remitido este sábado por la tarde a Bruselas, que supone
una prórroga de los Presupuestos de 2016 e incluyen las previsiones de
ingresos y gastos, y el conocido como informe de acción efectiva, que
recoge las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento del objetivo
de déficit de este año (4,6%) y registrar un déficit del 3,6% en 2017,
cinco décimas por encima de lo comprometido con la Comisión Europea.
En concreto, el Gobierno en funciones propone para cumplir el
objetivo de déficit la no-bonificación automática del impuesto sobre el
patrimonio, con impacto a partir de 2017 en términos de contabilidad
nacional por un importe de 1.300 millones de euros. Esta medida se debe a
que la recaudación por esta figura se habilita año a año en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, que cancela la bonificación del 100%
introducida en 2011, al no haber presupuestos esta cancelación
desaparecería, si bien se han puesto los mecanismos legales para que no
sea así.
También plantea la posibilidad de aplicar coeficientes incrementados
del impuesto sobre bienes inmuebles, se regulan a su vez año a año y por
periodos de un año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Las variaciones en el IBI son competencia del ayuntamiento, si bien
el Ejecutivo esboza esta medida para recaudar más. Al no existir
presupuesto estos dejarían de aplicarse, si bien los mecanismos
instrumentados permiten su aplicación y un incremento de la recaudación
en 24 millones de euros.
Junto a estas dos medidas, el Gobierno informa a la Comisión del
adelanto del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades aprobado el
pasado 30 de septiembre para recaudar 8.300 millones de euros, con el
que se establece un pago fraccionado mínimo del 23% para las empresas de
más de 10 millones de euros de cifra de negocio, porcentaje que se
eleva al 25% para las entidades de crédito.
El Ejecutivo envía también el informe de acción efectiva que resume
las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento del déficit del 4,6%
este año, como el acuerdo de no disponibilidad de gasto de 2.000
millones de euros, el adelanto a julio del cierre presupuestario de 2016
y el adelanto del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades.
No obstante, como resultado de las proyecciones de ingresos y gastos
realizadas en un escenario “sin cambio de políticas públicas” por la
situación de interinidad del Ejecutivo, el déficit estimado para 2017
por el Gobierno es del 3,6% del PIB, cinco décimas por encima del
objetivo del 3,1% fijado en el marco del procedimiento por déficit
excesivo. De esta forma, el próximo Gobierno tendrá que aprobar medidas
de ajuste por importe de 5.000 millones para cuadrar las cifras de
déficit del año que viene.
Déficit récord en la Seguridad Social
En detalle, el escenario que estima el Gobierno es de un déficit del
4,6% para este año, distribuido entre el Estado (2,6%), las
administraciones territoriales (0,3%) y la Seguridad Social, cuyo
desajuste entre ingresos y gastos alcanzaría el 1,7%, lo que supone seis
décimas de lo previsto anteriormente y un déficit récord de entorno a
18.000 millones de euros.
Para el año que viene, sin embargo, la previsión es que el déficit de
la Seguridad Social disminuya en algo más de 3.000 millones, hasta el
1,4%, lo que junto a la bajada del déficit en el Estado (2,1%) y las
administraciones territoriales (0,1%) situaría el déficit de España en
el 3,6%, a falta del ajuste de 5.000 millones a realizar por el próximo
Gobierno para alcanzar el umbral del 3,1% comprometido.
Las previsiones son de un crecimiento interanual de las cotizaciones
sociales del 2,9% y del 2,5% en 2016 y 2017, respectivamente. Además, de
acuerdo con la recuperación del mercado laboral prevista para el
próximo año y la evolución de los beneficiarios, se estima que el gasto
en prestaciones por desempleo se reducirá en torno a un 7% en 2017.
En 2016 y 2017 se estima una creación neta acumulada de 900.000
empleos y una reducción del paro de un millón de personas, situándose el
número de ocupados en 19 millones y la tasa de paro por debajo del 17%
de la población activa, a finales de 2017.
En este sentido, las cotizaciones seguirán una tendencia creciente,
con un crecimiento cercano al 3% en 2016 y del 2,5% en 2017, impulsadas
por la recuperación del mercado de trabajo y la estabilización de la
remuneración de asalariados.
Con todas estas variables, el Gobierno calcula que la ratio de
ingresos alcanzará el 37,8% del PIB en 2016, proyectándose para 2017 un
importe equivalente al 37,7%, mientras que por el lado del gasto, la
ratio se reduce hasta el 42,4% del PIB en 2016 y hasta el 41,3% en 2017.
Así, la economía española crecerá un 2,9% este año y un 2,3% el año
que viene, tal y como se recogía ya en la previsión del cuadro
macroeconómico realizada por el Gobierno el pasado julio.
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